Fuente: Mirla Martínez A./Fotos: Israel Vásquez
Panamá, 29 de octubre de 2015.- -.Con el objetivo de identificar las alternativas existentes al encarcelamiento en Panamá para los diferentes tipos de infractores de la Ley, que cometen delitos de menor gravedad relacionados con drogas, se llevó a cabo este jueves un conversatorio dirigido a funcionarios de alto nivel como viceministros, jueces, fiscales, defensores públicos, miembros de la Fuerza Pública y del Sistema Penitenciario, realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Por el Ministerio de Gobierno, le correspondió a la viceministra, María Luisa Romero, exponer la situación del Sistema Penitenciario panameño, destacando que “es un tema que se tiene que tratar al más alto nivel porque es necesario que intercambiemos información y experiencias para poder contribuir con este diagnóstico tan importante”.
Romero reconoció que es una ventana de esperanza para mejorar nuestro Sistema Penitenciario y a la vez ofrecer una oportunidad a las personas encarceladas y que en muchos casos no deberían estarlo.
La Viceministra compartió con los presentes algunas estadísticas como que Panamá ocupa el tercer lugar en la región de Latinoamérica con respecto a los niveles de encarcelamiento, eso quiere decir que Panamá es el tercer país en Latinoamérica que más encarcela por población per cápita.
También señaló que estamos por encima de las 400 personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes, cuando el promedio mundial es alrededor de 150.
Dijo “Panamá ocupa un lugar del cual no debemos estar orgullosos, en los niveles más altos en detención preventiva per cápita”. Son personas que están en detención preventiva que no tienen una condena en firme.
Agregó que son personas que formalmente todavía no entran a todos los programas de rehabilitación del sistema, pero es una necesidad porque tenemos un 65 por ciento de personas que están en proceso, que no han sido condenadas.
En tal sentido, “le estaríamos negando ese derecho y empeorando nuestro sistema y las oportunidades que les podemos ofrecer como Estado”, señaló la viceministra Romero.
Esta administración está haciendo una diferencia en ese sentido a los más altos niveles. “Se le ha dado una prioridad importante y estaremos, no solo invirtiendo en nuevos centros penitenciarios sino haciendo un esfuerzo por mejorar el sistema de información y tratar de reducir el hacinamiento a través de múltiples iniciativas”, recalcó Romero.
Afirmó que se están construyendo nuevos centros para poder reemplazar a los actuales que están en pésimas condiciones. “queremos un Sistema Penitenciario que garantice la seguridad, los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que garantice la rehabilitación”.
Finalmente, Romero dijo que es un tema de seguridad y de justicia que hay que pensar y reflexionar sobre qué tipo de sanción puede tener una persona que se ha visto en este tipo de situación.
Por su parte, el Representante de la OEA en Panamá, Pedro Vuskovic dio la bienvenida a los participantes y destacó que el objetivo es que compartamos una visión sobre las distintas alternativas al encarcelamiento vinculados a las drogas.
El Representante de la OEA dijo que hay que defender a la sociedad del delito y corregir las malas conductas que se están dando.
También participaron representantes de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred) y de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (Cicad).
El procurador general de la Nación encargado, Rolando Rodríguez manifestó que en estos encuentros se expone la realidad que tenemos en materia de legislación de medidas cautelares relacionadas con drogas. Dijo que en Panamá una de las experiencias demostró lo positivo de la existencia del programa de tratamiento de drogas con un enfoque terapéutico y hacia la reinserción.
La gerente de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, Adriana Henao, presentó un estudio de caso, resaltando con lo que se han encontrado en las investigaciones, como por ejemplo, el uso indebido de la privación de la libertad mediante la prisión preventiva que afecta los derechos fundamentales y un excesivo uso del derecho penal y la desproporción de sus penas para delitos relacionados con drogas. Además de la alta reincidencia en delitos relacionados con drogas.
En este conversatorio también participaron el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado; la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla así como el equipo del ministerio de Gobierno, integrado por el director del Sistema Penitenciario, Gabriel Pinzón; la Secretaria Ejecutiva para la Reforma de Administración de Justicia del Mingob, Aura Feraud y la asesora del despacho de la Viceministra, Karen Palacios.
