6 de abril de 2017.- El día de hoy se reunió la Comisión Interinstitucional para la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz que tiene como función, según la Ley 16 del 2016, dictar políticas y directrices para la implementación y funcionamiento de la Justicia Comunitaria de Paz, y está conformada por la Ministra de Gobierno, el Procurador de la Administración, un representante de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), un representante de la Asociación del Alcaldes de Panamá (ADALPA), un representante de la Coordinadora Nacional de Representantes, la Secretaría Nacional de Discapacidad y un representante de las organizaciones de la Sociedad Civil.
La Ministra de Gobierno, María Luisa Romero, inició la reunión haciendo un recuento de las reuniones técnicas convocadas por el Ministerio de Gobierno en las que se elaboraron los insumos necesarios con respecto a la hoja de ruta para la implementación de la ley, los lineamientos básicos para la convocatoria y selección de jueces de paz y la cuantificación de los montos que se requieren para la implementación en el primer Distrito Judicial.
Por parte de las organizaciones de Sociedad Civil, Magaly Castillo presentó un cronograma de las acciones indispensables para la puesta en vigencia de la Ley de Justicia Comunitaria de Paz en el primer Distrito Judicial, el cual fundamentó que se requieren 6 meses adicionales a la fecha de entrada en vigencia de la Ley, establecida para el 17 de junio de este año.
Por su parte, el Procurador de la Administración, Rigoberto González, explicó que la capacitación requerida por la ley se haría en dos etapas, un primer curso de formación inicial para los aspirantes a jueces de paz y un segundo curso extenso una vez hayan sido seleccionados para ejercer el cargo.
Por parte de AMUPA y ADALPA, Tomás Velásquez y Víctor López compartieron información sobre la necesidad de presupuesto para, entre otras cosas, adecuar las infraestructuras existentes para convertirlas en Casas de Justicia Comunitaria de Paz.
Nelida Ortiz de Loaiza, la Directora de SENADIS, enfatizó la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en el nuevo modelo de justicia de paz.
Una vez discutidos ampliamente los temas presentados en la mesa por todos los comisionados, se decidió que se presentará a la consideración del Órgano Ejecutivo una iniciativa para postergar la entrada en vigencia de la Ley Nº 16 de 17 de junio de 2016, tomando en consideración que su implementación acarrea transformaciones importantes y trascendentales necesarias para el nuevo modelo de justicia comunitaria en Panamá, que busca mejorar el acceso ciudadano a una justicia local más expedita, transparente, informal y fundamentada en el respeto a los derechos humanos y el diálogo.
Los comisionados coincidieron en que se requiere generar mayores niveles de concienciación y participación ciudadana para asegurar la efectividad del proceso de transición de la justicia administrativa a la justicia comunitaria de paz.
El inicio de este sistema en el Primer Distrito Judicial, que incluye a los municipios de Panamá, Panamá Oeste, Colón y la provincia de Darién, de ser aprobado por el Consejo de Gabinete y la Asamblea Nacional sería a partir del 02 de enero de 2018. Para el resto del país la entrada en vigencia de la Ley Nº 16 de 17 de junio de 2016 se mantendrá para el 17 de junio de 2018.
La Ministra María Luisa Romero expresó “que si bien se registran importantes avances en este proceso, es responsable la postergación de la entrada en vigencia de la ley, tomando en cuenta que la parte presupuestaria no es el único impedimento para su implementación, puesto que se hace necesario cumplir con el debido proceso de convocatoria, capacitación y selección de los aspirantes y posteriores jueces de paz, así como la adecuación de las estructuras de las actuales corregidurías para convertirlas en casas de paz”.
Por su parte el Procurador de la Administración, Rigoberto González, respaldó la iniciativa con el compromiso de que todos los actores tomen las medidas correspondientes para que en esta extensión de 6 meses se resuelvan todos los aspectos que tienen que ver con esta Ley, especialmente la capacitación y la participación ciudadana.
Frente a la decisión de posponer la entrada en vigencia de la Ley 16 del 2016, el Ministerio de Gobierno presentó la posibilidad de implementar un plan piloto en un corregimiento del Primer Distrito Judicial, lo que fue aceptado por los comisionados y será evaluado a nivel técnico por la mesa del Pacto de Estado por la Justicia