Miami, 21 de noviembre de 2025.- El viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrell, en representación de la ministra Dinoska Montalvo, participó en la Audiencia Pública de carácter general sobre los Cierre del Espacio Cívico en los Territorios Indígenas de Panamá, en la sesión 194 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desarrollada en la Universidad de Miami-Florida.
El objetivo de esta audiencia es presentar información reciente y actualizada respecto al progresivo y severo cierre del espacio cívico en los territorios indígenas de Panamá; que alcanzó su punto crítico en junio del presente año 2025 con el bloqueo de varios territorios a nivel nacional.
Esta audiencia que lleva a cabo la CIDH, es en base a la solicitud que hicieran las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Center for International Environmental Law (CIEL), Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de la Provincia de Bocas del Toro (Modeteab), Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica Ngäbe (Cedeteng), Congreso Local de Piriatí Emberá, Alto Bayano y Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), quienes presentaron sus respectivas denuncias, sobre violencia verbal y física, amenazas, destrucción de viviendas y cultivos, y otras acciones violentas que atentan contra la seguridad física.
En tanto, el viceministro Borrell, quien estuvo acompañado por la directora de Asesoría Legal, Diana Rigau y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) y del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), señaló que las decisiones adoptadas durante la mencionada crisis por el Gobierno Nacional respondieron a la necesidad de proteger la vida, la paz social y los derechos y garantías fundamentales de todos los asociados, siempre bajo el marco constitucional y los estándares interamericanos de derechos humanos en concordancia con los instrumentos internacionales ratificados por la República de Panamá.
Dijo que los bloqueos de vías se extendieron por más de 45 días y durante este periodo se mantuvo el diálogo, sin intervención policial.
Agregó que la prioridad del Estado panameño fue proteger la vida, la seguridad personal, la salud de la población, restablecer y mantener el orden público en la provincia de Bocas del Toro, así como garantizar el derecho de libre tránsito y circulación.
El Estado panameño garantiza la igualdad ante la ley en todos los procedimientos judiciales y administrativos, conforme a nuestra Constitución Política y a los principios de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
En este sentido, la República de Panamá ha impulsado acciones concretas orientadas al desarrollo con identidad y la inclusión social. Actualmente, se ejecuta el Plan de Desarrollo Integral para los Pueblos Indígenas, bajo el financiamiento del Banco Mundial y un aporte del presupuesto del Gobierno Central, que contempla proyectos en salud, educación y servicios básicos. En los últimos 15 meses se han licitado 11 proyectos estratégicos en territorios indígenas, con 4 obras entregadas y 6 adicionales en fase final, cuya culminación está prevista entre diciembre 2025 y enero 2026.
El Estado panameño reafirma su compromiso con los derechos humanos, la diversidad cultural, el diálogo democrático y participativo pacífico. Reconocemos que aún existen desafíos, pero también avances concretos, verificables y sostenidos en materia de participación, protección territorial, políticas sociales y desarrollo con identidad.
Panamá reitera su voluntad de continuar trabajando de la mano con esta Comisión, con total apertura a la cooperación técnica para fortalecer los mecanismos que garanticen los derechos individuales, colectivos y la paz social de nuestro país.
Los representantes de la sociedad civil solicitaron a la CIDH una visita a las comunidades afectadas, la inclusión del cierre del espacio cívico en el informe anual del organismo y la apertura de un diálogo real con el Estado panameño.
La reunión concluyó con un mensaje esperanzador por parte de la CIDH, que dicta su disposición a participar en un diálogo entre las partes y que se informe sobre las denuncias. Además, se alabó la predisposición del Gobierno en asistir a estas reuniones.
