Fuente: Magda Maxwell/ Foto: Virgilio Beluche
Panamá 14 de agosto de 2015. Durante el encuentro de gobernadores del país con el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, presentó el Protocolo aprobado en Consejo de Gabinete, para proceder en situaciones de cierres de vía, con el fin de preservar el derecho de todo ciudadano al libre tránsito, contenido en el artículo 27 de la Constitución Nacional y para preservar el orden público.
Los gobernadores actúan como primera autoridad de policía en sus respectivas provincias y en representación del Órgano Ejecutivo, según lo establece el artículo 249 de la Constitución Nacional, desarrollado en la Ley 2 de 1987 en su artículo 3. Es por esto que el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, resalta la importancia de incluirlos en el Protocolo.
El titular de Gobierno, manifestó que como representantes del Presidente de la República y la máxima autoridad de policía en la provincia, los gobernadores tienen que ser preparados y capacitados para llevar adelante las funciones que establecen las normas.
En tanto, el ministro de Seguridad indicó que este Gobierno ha demostrado que el diálogo es la vía más efectiva para resolver los problemas y es precisamente este el mandado del Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, sin embargo advierte que no se van a permitir los abusos.
Cabe destacar que el artículo 38 de la Constitución Política de la República señala que “Los habitantes de la República de Panamá tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones no están sujetas a permiso y solo se requiere para efectuarlas aviso previo a la autoridad administrativa local, con anticipación de veinticuatro horas”.
Tomado en cuenta lo antes descrito, el Artículo 167ª del Código Penal, establece que: “Quien abusando de su derecho de reunión o manifestación, mediante uso de la violencia impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y cause daños a la propiedad pública o privada, será sancionado con prisión de seis meses a dos años”.
