Panamá, miércoles 17 de diciembre de 2025. — La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, presentó una querella ante el Ministerio Público, en perjuicio del Ministerio de Gobierno, a fin de que se investigue a una persona dedicada a la generación de contenido en redes sociales que ha estado difundiendo videos y audios relacionados con los centros penitenciarios del país, sin perjuicio de cualquier persona adicional que resulte vinculada en la fase de investigación.
La acción legal fue interpuesta en compañía del director general del Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), Jorge Torregroza, y de la directora de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, Diana Rigau.
La ministra explicó que tuvo conocimiento de material audiovisual que circuló en redes sociales, en el que se realizan señalamientos sobre procesos internos del sistema penitenciario. No obstante, enfatizó que lo más grave es la difusión de audios presuntamente emitidos por personas privadas de libertad, lo cual está estrictamente prohibido y evidencia posibles fallas en los controles de seguridad.
“Hemos advertido que estamos tras la pista de funcionarios que pudieran estar permitiendo el ingreso de celulares u otros objetos prohibidos a los centros penitenciarios. Esto representa una grave vulneración a la seguridad y al orden del sistema”, señaló Montalvo.
Añadió que algunas personas que manejan plataformas digitales se prestan para obtener y divulgar información prohibida, aun con pleno conocimiento de que este tipo de comunicaciones desde los centros penales no está permitido por la normativa vigente.
“Con el objetivo de poner orden en el sistema y cumplir con nuestro compromiso de combatir la corrupción, tanto interna como externa, presentamos esta querella para que, a través del Ministerio Público, se inicien las investigaciones y se identifique a quienes están participando y facilitando estas prácticas que atentan contra la seguridad de los centros penitenciarios”, afirmó la ministra.
En cuanto a las requisas, reiteró que los operativos de decomiso se realizan de manera permanente; sin embargo, reconoció que persisten intentos de introducir artículos prohibidos. Detalló que, hasta la fecha, se han presentado 16 denuncias y ocho funcionarios han sido condenados por estos hechos.
Indicó además que continúan las investigaciones, así como los procesos de cambios y rotaciones de personal, como parte de las medidas para fortalecer los controles internos, mientras se impulsan que refuercen el marco legal.
Finalmente, la ministra reiteró que el Sistema Penitenciario no es la entidad encargada de otorgar trabajos comunitarios, ya que esta facultad corresponde exclusivamente a los jueces, mientras que la Junta Técnica se encarga de evaluar los perfiles de las personas privadas de libertad.
