Fuente: Katherine Palacio/ Información y Foto: Viceministerio de Asuntos Indígenas
Panamá 12 de septiembre de 2014. La ministra de Gobierno encargada, Gina de Sossa, firmó un acuerdo de compromiso con la dirigencia de los pueblos originarios para la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), elevar a ministerio, el actual Viceministerio de Asuntos Indígenas, la descentralización municipal y la implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.
La firma que se realizó en la Asamblea Nacional, y contó con la presencia del presidente de este Órgano del Estado, Adolfo Valderrama; el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Ausencio Palacios; el viceministro de Asuntos Indígenas, Irene Gallego; el comisionado residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Martín Santiago. Además estuvieron presentes representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la OIT, UNICEF, FAO, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, diputados de la Comisión y las autoridades comarcales.
El Viceministro de Asuntos Indígenas, Irene Gallego reiteró que es mandato del Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, cambiar la situación de los indígenas, a través del trabajo conjunto entre los pueblos originarios y la Asamblea Nacional.
Mientras que, Ausencio Palacios, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, dijo que era preciso convocar a las autoridades originarias porque sus puntos de vista son importantes para fortalecer las iniciativas legislativas y con ello dar respuesta a las grandes necesidades sociales, económicas y culturales de estos pueblos.
Por su parte, Martín Santiago, representante de Naciones Unidas en Panamá, expresó que con este paso se comprueba el poder de liderazgo que tiene el legislativo al promover temas que son de prioridad para Panamá.
El documento también contempla el reconocimiento de los pueblos Naso Tjerdi y Bri-Bri, que no disponen de un territorio comarcal; así mismo un llamado a los pueblos indígenas que viven fuera de los límites de las comarcas.
Con esta firma se da un paso importante, al establecer una agenda de Estado que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y cumple el compromiso de este gobierno, de incluir políticas públicas para el desarrollo integral de los pueblos originarios.