Fuente: Mirla Martínez Antadillas/Fotos Mitradel

Panamá 25 de marzo de 2015.- – El pleno de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó este martes el Proyecto de Ley 144, que beneficia a las víctimas afectadas en los hechos ocurridos del 6 al 10 de julio del 2010, en el distrito de Changuinola en la provincia de Bocas del Toro.

El Proyecto de Ley busca resarcir a los afectados en los incidentes de 2010 en Bocas del Toro, con una pensión vitalicia destinada a mejorar su calidad de salud ante sus limitadas condiciones visuales o físicas.

Cabe destacar que para la elaboración de este Proyecto de Ley, el Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, mediante decreto N°4 del 12 de enero del 2015, designó una Comisión de Seguimiento de Alto Nivel para la atención a las víctimas afectadas en los hechos acaecidos en julio del 2010, integrada por varios ministros y viceministros; representantes de la Caja de Seguro Social y de las víctimas afectadas así como de representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana) y de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).

Por parte del ministerio de Gobierno, participó la Viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, quien señaló que la comisión realizó varias reuniones de trabajo con los afectados en Changuinola y considera que es una Ley de consenso, porque las partes interesadas participaron en la elaboración de la misma.

Romero destacó que lo más importante es que se hace justicia a las víctimas de unos hechos muy lamentables en nuestra historia.

Otro de los aspecto que destaca el proyecto es que el 8 de julio de cada año, se declara día de reflexión y duelo, en la provincia de Bocas del Toro; además se ordena el cierre de las oficinas públicas y privadas, para esa misma fecha y se le indemniza a todos los afectados con lesiones, cuya erogación estará a cargo del Tesoro Nacional.

La exposición de motivos de este proyecto indica que la sociedad fue consciente de los niveles de violencia registrados, los cuales condenó y repudió, en consecuencia, es una responsabilidad del Estado reparar los daños ocasionados, ya que han traído consecuencias psíquicas, físicas, parciales y permanentes a quienes fueron afectados, razón por la cual se hace necesaria la indemnización de los daños producidos.