Panamá, 4 de mayo de 2023. Las experiencias de Panamá en la resolución de conflictos fueron abordadas por la directora de Resolución Alterna de Conflictos (DRAC) del Ministerio de Gobierno (Mingob), Karen Palacios, quien participó de forma virtual en el VII Congreso Nacional e Internacional de Justicia en Equidad y Convivencia, organizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia.
Este espacio en el que también participaron mediadores y jueces de paz de Panamá, sirvió para que la funcionaria pusiera en contexto a los participantes sobre la evolución que ha tenido el país desde 1999 cuando surge el marco jurídico de los mecanismos alternos de solución de conflictos, y se implementan los centros privados de mediación, conciliación y arbitraje, y Centros de Mediación del Órgano Judicial.
“La mediación comunitaria jugó un antes y un después. Esta experiencia en Panamá fue sumamente valiosa para lo que ha sido posteriormente el desarrollo de la jurisdicción comunitaria de paz”, señaló Palacios.
Posteriormente, en el año 2005, a través del Pacto de Estado por la Justicia se realiza una reforma judicial y se proponer la mediación comunitaria, que dio como resultado la sanción de la Ley 16 del 17 de junio de 2016 que instituye la Justicia Comunitaria de Paz, y subsiguiente implementación.
En este sentido, explicó que la Justicia de Paz incorpora herramientas de resolución de conflictos a través de la mediación, conciliación y círculos de paz, y sus principales actores son los jueces de paz y mediadores comunitarios; además la conforman los alcaldes y las x
comisiones técnicas distritales, estas últimas reciben las quejas sobre el desempeño de los jueces de paz.
Detalló que a la fecha hay 469 Casas de Justicia Comunitaria, 513 jueces de paz y 33 mediadores comunitarios nombrados por los municipios; no obstante, en la actualidad el Programa de Mediación Comunitaria que funciona desde hace 15 años respalda y colabora con la Justicia de Paz, y ellos ayudan en el proceso de resolución de casos mediante los convenios respectivos.
Respecto al rol del Ministerio de Gobierno indicó que este impulsa la política pública en materia de acceso a la justicia comunitaria, apoyando el proceso de implementación, pero también, promoviendo el desarrollo de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
