Fuente: Mirla Martínez Antadilla/Foto: Pastor Barsallo
Panamá, 22 de julio de 2015.- -“Estamos convencidos como Gobierno que quienes ejercemos funciones públicas debemos someternos a la fiscalización y al escrutinio de la sociedad civil”, así se expresó este miércoles la ministra encargada de Gobierno, María Luisa Romero, en el conversatorio nacional sobre el Entorno Legal de la Sociedad Civil y el Derecho de Asociación en Panamá, organizado por el Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo (ICNL), Open Society Foundations y la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Romero dio las palabras de apertura de este evento y destacó que a través de la transparencia en el ejercicio de la función pública y el diálogo con la sociedad civil, se pueden identificar aquellos aspectos de nuestra gestión que deben ser mejoradas.
La ministra encargada señaló que la sociedad civil puede actuar como asesores de quienes ejercemos la gestión pública en aquellos aspectos propios de su ámbito de trabajo y experticia. Además dijo que a través de la historia, la sociedad civil ha jugado un importante rol en nuestro país y ha presentado propuestas concretas para el fortalecimiento de nuestra institucionalidad.
Agregó Romero que el Mingob es responsable de emitir el reconocimiento legal como persona jurídica de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y de fiscalizar el desarrollo de las actividades. Reiteró la importancia de estos espacios que propicia la Alianza Ciudadana Pro Justicia que nos permitirá conocer las posibles falencias que existen en nuestro marco legal en esta materia, así como las propuestas que tengan a bien presentar.
Concluyó su participación destacando su interés en formar parte de futuras discusiones que se den para trabajar y garantizar plenamente el derecho a la libre asociación para facilitar la existencia y participación de las ONGs en nuestro país.
Para Magaly Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, este evento se realiza luego de culminar un informe auspiciado por el Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo (ICNL) y Open Society Foundations.
Castillo manifestó que este informe es comparativo sobre el entorno legal en que trabaja la sociedad civil, realizado en seis países del continente y recoge encuesta a 50 organizaciones de la sociedad civil en Panamá.
Este conversatorio contó con el apoyo del Centro de Incidencia Ambiental y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana; y la participación de representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil en Panamá, entre los que se destacan: grupos indígenas, ambientalistas, activistas de los derechos humanos así como funcionarios gubernamentales, Asamblea Nacional de Diputados y la Autoridad Nacional de Transparencia.
