Fuente: Katherine Palacio/ Foto: Isarel Vásquez
Panamá 11 de diciembre de 2014. En un acto simbólico el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas, Martín Santiago, hizo entrega al ministro de Gobierno, Milton Henríquez y la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, el estudio técnico consultivo elaborado por el grupo de Seguridad y Justicia del Sistema de Naciones Unidas en Panamá, el cual contiene un análisis de la Ley 40 la cual determina la responsabilidad penal para los adolescentes y las modificaciones que ha tenido desde 1999 hasta la actualidad.
Este estudio está enfocado en tener un insumo técnico que permita calificar mejor la posibilidad del Estado panameño desde el punto de vista de la protección y los mecanismos de prevención en tratar con crimen y delito sobre todo en cuestiones relacionadas con la infancia y adolescencia y en segundo término la posibilidad de empezar a reconstruir la imagen que hay en la sociedad panameña de ese incremento de la inseguridad provocado por la delincuencia juvenil.
Santiago explicó que lo que se hizo es poner en contexto, cuál es la realidad de la población adolescente en el país y tratar de ver algunos desafíos determinando que este cuerpo normativo debe estar en línea con ciertos estandartes de obligado cumplimiento para el Estado panameño, respecto a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y a otras prácticas de derechos humanos.
La viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, calificó el documento como una excelente aportación que se les está haciendo al país al ofrecer recomendaciones sobre cambios legislativos que se deben llevar a cabo para poder cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y poder proteger de manera más efectiva a estos jóvenes infractores que caen por la comisión de un delito, pero que no los podemos condenar a una vida marcada simplemente por privarlos de su libertad sino darles oportunidades para que puedan salir y reinsertarse a la sociedad.
Romero dijo que desde la perspectiva del Ministerio de Gobierno, es muy útil porque se va a proponer una serie de reformas legislativas, así mismo continuará el trabajo con el Instituto de Estudios Interdisciplinarios para asegurar que se pueda cumplir con las recomendaciones hechas con respecto a los jóvenes que salen del centro de cumplimiento y que tienen que pasar al sistema penitenciario de adultos, pero que siempre deben tener un tratamiento especial para asegurarnos que lo invertido en ellos, respecto a resocialización no se pierda.
Por último el coordinador residente de la ONU indicó que “por lo que hemos estado constatando de manera rigurosa prácticamente el 1.8%, es decir menos del 2% de los delitos cometidos en el país son hechos por menores. De manera que para nosotros la idea del incremento de pena y reducción de la edad de imputabilidad por tener suficientes mecanismos de prevención significa que es una dinámica equivocada”.
La confección de este documento tardó casi un año y fue elaborado por las agencias del Sistema de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, UNICEF, Oficina de la Lucha contra el Crimen y la Droga y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en conjunto con la oficina del coordinador residente.
El MINGOB en conjunto con las 5 agencias responsables del documento espera realizar capacitaciones para funcionarios y la población en general sobre este estudio.
