Fuente: Mirla Martínez Antadillas/Foto: Virgilio Beluche
Panamá, 16 de septiembre de 2014. -.Con el fin de promover el desarrollo de una cultura de paz, el ministerio de Gobierno en conjunto con Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizaron este martes acto de inauguración de la Jornada Taller de Análisis de la propuesta de Ley que regula la Justicia Comunitaria de Paz en Panamá.
Esta jornada de trabajo busca impulsar reformas al anteproyecto que fue presentado por la Sociedad Civil ante la Asamblea Nacional de Diputados en el año 2010.
Correspondió a la viceministra de Gobierno encargada, Gina de Sossa, inaugurar este evento, la cual señaló que este proyecto permitirá la transformación de las Corregidurías y los Juzgados Nocturnos en casa de justicia comunitaria, en donde los corregidores y jueces nocturnos pasen a ser jueces de paz apoyados por la utilización de métodos alternos de resolución de conflictos, como la mediación y la conciliación, devolviendo a las partes la facultad de resolver por ellas mismas sus controversias.
Destacó además que con esta convocatoria se busca revisar el anteproyecto, adecuándolo a los parámetros que exige la sociedad con el fin de garantizar que el sistema de justicia, se caracterice por el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas y la promoción de una cultura de paz.
Para el ministerio de Gobierno –manifestó De Sossa- es de suma importancia el impulso y apoyo de proyectos como el que hoy se pone a consideración, para que los ciudadanos cuenten con un acceso expedito a una justicia, basada en el respeto de las garantías fundamentales.
Mientras que el viceministro de Asuntos Indígenas, Irene Gallego, consideró importante el desarrollo del taller para las comarcas, porque se necesita la capacitación en este tema, enfatizando que la política debe estar alejada de este asunto. Señaló que la mayoría de los corregidores no tienen claro cuales son sus funciones.
Por su parte, la directora ejecutiva de Alianza Ciudadana, Magaly Castillo, manifestó que tristemente este anteproyecto estuvo siete años en el baúl del olvido pero hoy nuevamente resurge la esperanza de retomar este debate pendiente sobre la nueva justicia comunitaria de paz. La nueva justicia de paz es un espacio de solución pacífica de conflictos que permitirá manejar y prevenir la aparición de nuevos conflictos y disminuir estos niveles en nuestras comunidades.
En este acto inaugural que contó con la participación Rosembert Ariza Santamaría, como expositor invitado por el PNUD, asistió el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Oydén Ortega Durán y el procurador de la Administración, Oscar Ceville.
La finalidad de la propuesta, que fue producto de los acuerdos de Pacto de Estado por la Justicia, es crear la nueva jurisdicción de paz, que reemplace la actual justicia administrativa de policía, impartida por corregidores y jueces nocturnos.
Este proyecto propone una justicia rápida, gratuita, informal, basada en principios de equidad, oralidad, transparencia, rendición de cuentas, eficacia, independencia y de justicia con absoluto respeto de los derechos humanos y las garantías individuales y colectivas establecidas en la Constitución Política.
Cabe destacar que el proyecto de justicia comunitaria reconoce la justicia tradicional impartida por las autoridades comarcales.
Igualmente el nombramiento del juez de paz será a través de un proceso público de convocatoria y selección, realizado por una Comisión Técnica distrital, integrada por instituciones gubernamentales y la sociedad civil organizada o grupos con incidencia en el corregimiento.
El juez de paz tendrá potestad para imponer las siguientes sanciones: amonestación verbal, multa (hasta mil balboas), indemnización como sanción accesoria y trabajo comunitario. También se elimina el arresto, salvo casos excepcionales como medidas de protección a víctimas de violencia doméstica o grave riesgo de atentar contra la vida de una persona.
La justicia de paz no es un sistema novedoso en el continente, la misma ya está siendo aplicada con éxito en distinto países como: Perú, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Colombia y Venezuela. Este tipo de justicia descansa en la aplicación de métodos alternos de solución de conflictos como la mediación y la conciliación para atender las controversias comunitarias e individuales conforme a la equidad.
