Nuestra Historia

La República de Panamá, como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoce el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), aprobado mediante la Resolución N.º de la Asamblea General de 14 de Diciembre de 1950.

A través de la Ley 5 de 26 de octubre de 1977, la República de Panamá ratificó la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.

Con el fin de desarrollar el contenido de la Ley 5 de 26 de octubre de 1977, se expidió el Decreto Ejecutivo N.º5 de 16 de enero de 2018, que estableció el procedimiento para determinar la condición de refugiado y deroga el Decreto Ejecutivo N.º23 de 10 de febrero de 1998.

La ley 19 de 3 de mayo de 2010. Que dicto el régimen de organización del Ministerio de Gobierno, le atribuyo entre otras facultades, la de participar en el otorgamiento de la condición de refugiado.

Los derechos humanos nacen de la naturaleza de la persona como ser único, con libre albedrío y voluntad propia; y que los principios que protegen su existencia y dignidad prevalecen sobre cualquier otro, en una sociedad humanista y justa, por lo que deben ser reconocidos, tutelados y garantizados.

La evolución del derecho internacional y la identificación de las causas que en la actualidad motivan a las personas a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, hacen necesario la revisión y actualización de la normativa nacional vigente, a fin de proveerles los medios para el pleno ejercicio de sus derechos.

Panamá ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 mediante la Ley No.5 del 26 de octubre de 1977. A través del Decreto Ejecutivo No.23 de 10 de febrero de 1998, se desarrolla el procedimiento de para la determinación del estatuto de refugiado.

En la República de Panamá las solicitudes de otorgamiento del estatuto de refugiados son recibidas por la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), la cual está adscrita al Ministerio de Gobierno y es la encargada de recoger la información relacionadas con las solicitudes de refugio y decidir acerca de la admisión o no al trámite de las mismas.

Si una solicitud es admitida, esta es presentada a la consideración de la Comisión Nacional de Protección para Refugiados, que está conformada por los siguientes funcionarios con derecho a voz y voto:

  • El Viceministro de Gobierno, quien la preside
  • El Viceministro de Relaciones Exteriores
  • El Viceministro de Trabajo y Bienestar Social
  • El Viceministro de Seguridad Publica
  • El Director del Servicio Nacional de Migración
  • El Director General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores
  • El Director General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social
  • El Director Ejecutivo de la Cruz Roja Nacional

También participan en la Comisión, las siguientes personas con derecho a voz:

  • El representante regional del ACNUR
  • El director de la ONPAR
  • EL Director General de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Una vez la Comisión adopta una decisión corresponde a la ONPAR la coordinación y ejecución de las decisiones a que arribe la Comisión Nacional de Protección para Refugiados.

A partir de la aprobación de la Ley 74 de 15 de octubre de 2013, los refugiados que tengan tres (3) años de haber sido reconocidos por la Comisión Nacional de Protección para Refugiados, podrán optar por la Residencia Permanente.